Entidades ofrecen ayuda legal para personas afectadas por el huracán

Una iniciativa de AARP y la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia ayudará a los viejos

Como un recordatorio de que la emergencia provocada por el huracán María aún no ha terminado, la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ) y la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés) unieron esfuerzos para ofrecer servicios gratuitos de asesoría legal a toda persona de 50 años o más que tenga problemas como secuela del ciclón.

AARP contribuyó con $100,000 para subvencionar el Fondo Legal de Emergencia de la FFAJ que hoy día casi alcanza los $800,000. De esta forma, pagarán -por seis meses- los servicios de orientación legal provistos por cinco organizaciones sin fines de lucro.

“Van a estar atendido cinco regiones judiciales por donde pasó el huracán”, dijo el director estatal de AARP Puerto Rico, José Acarón, en una conferencia de prensa.

Precisó que cuatro de las organizaciones sin fines de lucro subvencionadas son One Stop Career Center, Inc., para las regiones judiciales de Arecibo y Bayamón; Envejecer en Armonía Inc., para la región judicial de Aibonito; la Universidad del Turabo, para la región judicial de Caguas, y el proyecto de Apoyo Mutuo Mariana, de la Asociación Recreativa y Educativa Comunal del barrio Mariana en Humacao, que tendrá a su cargo esa región judicial.

Además, el Centro Integral de Apoyo a Víctimas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico tendrá a cargo una línea telefónica para asesoría con dos abogados. El número a llamar es el (787) 999- 9546.

“Nos sentamos con la Fundación y, reconociendo que la gente más impactada es la población adulta en Puerto Rico, pues la AARP decidió contribuir con el fondo”, dijo Acarón.

Previo al huracán María, se estimaba que el 37% de la población de la isla eran adultos mayores (de 50 años o más). Ahora, con el éxodo de miles de jóvenes, se cree que ese porcentaje aumentó.
Tanto Acarón como Adi Martínez, directora de la FFAJ, dijeron que se proveerá asesoría legal sobre reclamos de seguro de vida, servicios médicos, reemplazo de documentos extraviados a raíz del huracán y asistencia con los trámites a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), entre otros temas.

“La gente se cree que ya pasó la necesidad, pero los asuntos legales ahora es que están explotando, como, por ejemplo, los problemas con las contrataciones (para arreglos en los hogares), la pérdida de hipotecas (tras las moratorias)… Ahora es que están surgiendo muchos de estos problemas”, apuntó Acarón al preguntársele por qué la iniciativa surgió ahora, a casi siete meses del huracán María.

“Estamos en estos trámites hace un tiempo ya, pero creo que es este momento el crucial porque ahora es que la parte (de ayuda) voluntaria empezó a bajar. Está todo el mundo volviendo a su rutina y tenemos que buscar la forma de ayudar a esta población”, abundó.

Martínez dijo que la idea es que los abogados acudan a las casas de las personas para dar sus servicios. “El proyecto tiene cinco organizaciones que están colaborando juntas. Estas organizaciones -las que están trabajando directamente con las comunidades- van a hacer un plan de trabajo con los líderes comunitarios para poder atender la mayor cantidad de adultos”, destacó.

“La idea es que las personas sean atendidas en su casa a través de los lideres comunitarios. La línea telefónica va a estar disponible para todos los adultos mayores a través de Puerto Rico”, agregó.

Por lo tanto, la línea telefónica servirá como una especie de filtro para canalizar todos reclamos y que cada uno pueda recibir atención dependiendo del área.

“Estamos tratando de hacer referidos calientes, de hacer el contacto directo con la organización y que la persona reciba el servicio”, aseveró Martínez.

Ahora bien, explicó que atenderán asuntos que se puedan resolver en los seis meses que durará la iniciativa. Problemas legales más complejos, como por ejemplo la obtención de un título de propiedad, cuya solución toma más tiempo, serían referidos a organizaciones legales o agrupaciones que pudiesen representar a la persona en los tribunales, dijo. Entre esas organizaciones están las clínicas de Derecho de las universidades del país, Pro Bono y Servicios Legales de Puerto Rico.

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