Asistencia legal en apoyo a la recuperación

Miles de los residentes que solicitaron ayuda de la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por las siglas en inglés) tras sufrir cuantiosas pérdidas en el huracán María han visto sus esperanzas desvanecerse cuando sus peticiones fueron rechazadas. En un número considerable de casos, la agencia federal ha determinado que tiene prueba insuficiente para determinar la titularidad de la propiedad.

A pesar de que los números oficiales indican que se han rechazado 80,000 peticiones debido a que “la titularidad no ha sido verificada”, la directora ejecutiva de la Fundación para el Fondo de Acceso a la Justicia, la licenciada Adi Martínez, estima cifras mayores según la información que recibe de los abogados que trabajan en apelaciones. Se estima que 250,000 viviendas fueron destruidas o sufrieron daños severos en Puerto Rico en lo que se considera uno de los “desastres naturales más costosos registrados globalmente”, según el “Hurricane Maria Event Recap Report” preparado por AON en marzo de 2018. María se convirtió en el cuarto ciclón tropical más costoso tras Katrina, Harvey y Sandy.  Se estiman las pérdidas en Puerto Rico en $65,000 millones, según AON.

Para fines de marzo de 2018, seis meses después del huracán, FEMA había distribuido $2,200 millones en ayuda federal a los hogares y negocios en Puerto Rico a la vez que 1,100,000 hogares y negocios habían contactado a FEMA solicitando ayuda o información, según información de la agencia. 

Ante el lento compás de la ayuda y en lo que aparenta ser un número alto de denegaciones, Martínez solicitó donativos de varias fundaciones y organizaciones para obtener los fondos necesarios para proveer estipendios a los abogados que trabajan en apelaciones y asisten a las víctimas del huracán a probar su título de propiedad. Una de las organizaciones de las cuales solicitó ayuda fue de Unidos por Puerto Rico. 

En abril la organización logró los fondos para financiar el trabajo de cinco abogados del Fideicomiso para la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Estos abogados se reúnen con las personas que necesitan ayuda en los centros de FEMA alrededor de la isla y los ayudan en sus apelaciones. Además de la asistencia legal en las apelaciones, Unidos por Puerto Rico proveyó los fondos para un proyecto que se hará más tarde por el cual formalizarán e inscribirán títulos de propiedad de nuevas viviendas construidas en su totalidad o parcialmente con fondos donados por Unidos por Puerto Rico.

“En la medida que se tornó evidente que los servicios legales eran esenciales para lograr ayuda, aprobamos la propuesta de la Fundación del Fondo de Acceso a Justicia para que los servicios fueran provistos a las víctimas del huracán”, dijo Mariely Rivera, directora ejecutiva de Unidos por Puerto Rico.  “La asistencia legal desempeña un rol clave en la recuperación de Puerto Rico al igual que lo ha tenido en otros desastres como es el caso del huracán Katrina en Nueva Orleans”, explicó Rivera, quien añadió que Unidos por Puerto Rico aprobó una propuesta de $465,000 para la Fundación del Fondo de Acceso a al Fondo de Justicia.

Desde abril el licenciado Sergio González Solís es uno de los abogados del Fideicomiso para la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico que ha recibido fondos de la Fundación del Fondo de Acceso a Justicia para trabajar en varios de los centros de FEMA. Ha trabajado con frecuencia en el centro de Jayuya, que también sirve a los sobrevivientes de Utuado, un pueblo entre montañas en el centro de Puerto Rico. Es uno de los pueblos más afectados por el huracán María debido a los deslizamientos de tierra sufridos a causa del huracán. El estado del pueblo se ha agravado por haberse encontrado sin energía eléctrica durante meses. El licenciado González Solís visita un centro por cuatro horas y entonces se mueve a trabajar al próximo por otras cuatro horas.  En las semanas desde abril ha trabajado 500 casos.

“Me tocó una señora de 95 años cuya vivienda sufrió daños severos a causa del huracán, sin embargo, le denegaron la asistencia para reconstruir su hogar después de vivir en él durante años porque nos documentos presentados no eran suficiente para que FEMA reconociera su titularidad”, explicó el letrado. Muchas de las denegaciones que se están dando ocurren debido a la confusa historia del registro de la propiedad en Puerto Rico, familias que heredan propiedad y no tienen los fondos para aclarar la sucesión en el título de propiedad.

Martínez y González Solís explicaron que gran parte de su trabajo se basa en la búsqueda de documentos en el registro y certificados de nacimiento y defunción para aclarar que los reclamantes   son los dueños en propiedad cuando hay falta de claridad, o que tienen derecho a la ayuda bajo la ley de Puerto Rico y la federal porque cualifican con alguno de los requisitos para recibir asistencia. Los abogados, quienes son notarios públicos, tienen que certificar que la información es válida. Sin embargo, parte de la dificultad ha sido lograr que la agencia federal entienda cuál es el rol del notario público en Puerto Rico, que es mucho más abarcador que en Estados Unidos.  En Puerto Rico, un notario público tiene que ser abogado y se le requiere tomar un examen separado para ejercer ese rol. Son custodios de la fe pública y no pueden certificar ninguna ilegalidad o están sujetos a perder la licencia, explicó Martínez.  En los Estados Unidos, un notario público no tiene ese rol ni tiene que ser abogado.

A pesar de las dificultades para explicar las muchas complejidades de la titularidad en Puerto Rico a los funcionarios de FEMA, González Solís explicó que en su experiencia los empleados que se encuentran en los centros de FEMA está comprometidos con ayudar a las víctimas.  Sin embargo, debido que el marco legal de Puerto Rico es distinto al de Estados Unidos, a veces resulta en un esfuerzo cuesta arriba explicar los detalles de las leyes de Puerto Rico y el registro de la propiedad.  “Ganamos algunos casos y perdemos otros”, dijo González Solís, quien continua con una carga pesada de apelaciones y con el trabajo arduo de buscar la documentación para probar los casos.

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